En el maro del Paro Nacional, varios funcionarios del gobierno se han dedicado a deslegitimar su razón central: el retiro del subsidio al diésel. Para ello, han utilizado fundamentalmente dos discursos:
- El incremento del costo de la vida no afectará a las grandes mayorías, y para paliar esa afectación, se entregará ayudas a ciertos sectores.
Por ejemplo, el ministro de gobierno, John Reimberg en entrevista con Carlos Vera el 22 de septiembre, primer día del Paro Nacional se preguntó: “¿en qué les afecta a los dirigentes el retiro del subsidio?”. Para contestar, compartimos los datos generados por el Instituto de Investigaciones Económicas y el grupo “Economía de la Energía y Desarrollo Sustentable» de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador:
📌 El 81,5% del diésel lo consume el sector transporte.
📌 El 89% de ese consumo corresponde a vehículos de carga pesada y liviana que transportan alimentos, bienes y personas.
📌 5 de cada 10 ecuatorianos dependen del transporte público por autobuses
📌 4 de cada 10 lo utilizan para ir al trabajo
📌 3 de cada 10 lo utilizan para asistir a establecimientos de educación
El Observatorio Llamas de la Universidad Central del Ecuador llama al diesel una “mercancía clave” porque “ocupa un papel fundamental en la estructura de costos de toda la cadena productiva”. En un reciente estudio, estimaron que las familias ecuatorianas necesitarán $103 adicionales cada mes para cubrir el vacío que dejará el retiro del subsidio. Esto en un país donde la canaste básica cueta más de $800, el salario básico unificado alrededor de $400 y donde solo el 30% de la población tiene empleo pleno.
- El incremento del costo de la vida no afectará a las grandes mayorías, sino a los traficantes del combustible. En consecuencia, quienes se oponen al retiro del subsidio, son delincuentes.
Esta afirmación siempre va acompañada de la enumeración de actores ilegales que, en el discurso del gobierno, son parte de un complejo entramado donde están también los pueblos que protestan. En la misma entrevista, el ministro de gobierno, John Reimberg señaló que “el financiamiento del paro es por la economía criminal: en primer lugar, minería ilegal, contrabando de combustibles, drogas y armas”. Su única prueba fue que el Paro Nacional se convocó en contra de la eliminación del subsidio al diésel y que el diésel es utilizado por las economías ilegales. El ministro ignora que este combustible es esencial para todos los otros sectores de las economías legales, como señalamos arriba.
Ese mismo día la policía reprimió y aprehendió a 13 personas en Otavalo. Aún antes de que la Fiscalía se pronunciara, ya el ministro colocó en X: “Tenemos más de 50 detenidos … dos son de nacionalidad venezolana, o sea, aparentemente, son del Tren de Aragua». En un comunicado del Ministerio del Interior, se afirma que “todos los denidos tienen antecedentes pensales. El presidente se hizo eco de inmediato, colocó en su cuenta de X las fotos (sin difuminado) de las personas detenidas con este mensaje: “Quedaron en evidencia: financiados y rodeados por criminales del Tren de Aragua. No es lucha, no es protesta… son las mismas mafias de siempre, a las cuales les somos incómodos”.
Los funcionarios se dirigen al país sin proporcionar pruebas, adelantándose al juicio y, como se comprobó más adelante, mintiendo. En la audiencia de flagrancia y formulación de cargos realizada el 24 de septiembre, la Fiscalía no hizo mención a que alguna de las personas aprehendidas fuera parte de la organización delictiva venezolana. Lupa Media también verificó y encontró que ninguno de los detenidos tiene antecedentes penales. La construcción de estas falsas equivalencias es propia de un gobierno autoritario. Si revisamos los comunicados en redes sociales de la Policía Nacinoal y del Ministerio del Interior, las fotos de posibles delincuentes capturados siempre están difuminadas, para proteger su identidad. Ese gesto de respeto al derecho de presunción de inocencia no aplica para las personas capturadas en el marco de protestas sociales. Para el gobierno de Daniel Noboa, las personas que manifiestan la oposición a su gobierno pierden todos sus derechos.
