El discurso más recurrente del gobierno desde el anuncio del retiro del subsidio al diésel es que quienes se oponen pertenecen al crimen organizado. El 18 de septiembre, día en que la CONAIE anunció el Paro Nacional, la Unidad de Análisis Financiero (UAFE) publicó en sus redes sociales un video que señala que “el subsidio al diésel dejó de financiar mafias y lavado de activos. Hoy, esos recursos fortalecerán más la seguridad, los programas sociales y las instituciones del país”. Sin embargo, no menciona que la gasolina, cuyo subsidio fue eliminado por Noboa en junio del 2024, también es traficada.
El 16 de septiembre, el medio Ecuavisa informó: “Las Fuerzas Armadas de Ecuador decomisaron más de un millón de galones de combustible en lo que va de 2025, un monto que, según el Ministerio de Defensa, supone una afectación económica al Estado de USD 21,5 millones. En un comunicado emitido el 15 de septiembre, la cartera de Estado destacó que las operaciones de seguridad afectaron un 62,1 % más que en 2025 al financiamiento y economía de «las mafias». En 2024, el mismo plan de acción permitió la incautación de 571 337 galones. Del total decomisado en 2025, cerca de 700 000 galones corresponden a gasolinas, 113 000 a gasolina blanca, 116 000 a diésel y 96 000 a derivados de combustible.”
Es rol del Estado detener el tráfico de combustibles, eliminar un subsidio que beneficia a los más vulnerables no reemplaza ni es más efectivo que el control.
