El 28 de septiembre Efraín Fuerez, comunero indígena de Cuicocha, Imbabura, fue asesinado. Recibió impactos de bala en medio de la brutal represión del ejército contra su pueblo. Para llegar al momento en que se acepta que suceda un asesinato flagrante se ha recorrido ya un trecho en que los funcionarios del estado, elegidos para proteger al pueblo, se dedicaron a construir a los y las manifestantes como violentos, aliados al crimen organizado, beneficiarios del subsidio al diésel. En consecuencia, “que se merecen lo que les suceda”.
Por ejemplo, el 25 de septiembre Daniel Noboa se dirigió a campesinos y campesinas en Tungurahua, tan solo un día después de que tuviera que salir de Otavalo, el epicentro del Paro Nacional, en un helicóptero del Ejército tras ser rechazado por una manifestación popular con la que no fue capaz de dialogar. Dedicó parte de su discurso en Ambato a descalificar a los manifestantes: “los violentos buscan desestabilizar con inseguridad y violencia”.
El 26 de septiembre en entrevista con Carlos Rojas, al hablar de la última masacre en la cárcel de Esmeraldas insistió: “hay conflictos entre bandas, que están conectadas con la minería ilegal que están financiando parte de las protestas, no voy a decir que todas, pero están tratando de generar conmoción social”. La ministra de gobierno y el ministro del interior usan de manera permanente calificativos como violentos, desestabilizadores, anti-democráticos, delincuentes, mafiosos, traficantes, narcos, para referirse a los manifestantes en su conjunto o a los dirigentes de las movilizaciones.
Las imágenes a las que apelan también van en ese sentido: el traslado de la sede del gobierno a Latacunga, su promocionada “huida” de Otavalo en un helicóptero militar, sus traslados, siempre rodeado por militares y usando “chaqueta tipo militar”, presentan una imagen de un mandatario que está “en peligro” por “grupos desestabilizadores”.
Como contra-cara, el gobierno de Noboa se construye como democrático, mesurado y en total control de la situación. El 25 de septiembre, el ministro del interior en entrevista con Radio Centro, dijo que el tratamiento del paro es con “firmeza, pero con prudencia: mantener la paz, evitar la violencia y garantizar la seguridad ciudadana”.
La violencia ejercida contra los manifestantes, como la que vamos registrado en esta página, no es prudente. Esa misma noche la policía reprimió con brutalidad un plantón pacífico en Cuenca. Tres días antes el mismo ministro difamó a dos ciudadanos apresados en Otavalo afirmando que pertenecían al Tren de Aragua y a otros 12 por supuestamente tener antecedentes penales, ambos hechos desmentidos ya1. Al día siguiente generó terror entre los apresados y sus familiares al anunciar que serían trasladados a la cárcel de Esmeraldas, horas después de ocurrida una masacre entre bandas. Tres días después el ejército asesinaría a Efraín Fuerez.
La construcción de la oposición como violenta y antidemocrática frente a un gobierno pacífico y trabajador, es característica de los gobiernos autoritarios que no están dispuestos a gobernar con fuerzas opositoras, como debe ser en democracia.
Su objetivo no es otro que imponer sus políticas económicas, que en el caso de Noboa van en beneficio de los grupos económicos de su familia y allegados. Recordemos que estos mismos días se han aprobado leyes económicas como la Ley de Fortalecimiento y Sostenibilidad Crediticia, que faculta al Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess) a vender sus créditos en mora, es decir, que no han sido pagados a tiempo por afiliados o jubilados. También se ha dado el paso a una consulta popular para llamar a una Asamblea Constituyente, y se insiste en abrir el país a una nueva base militar de los Estados Unidos de Manta, entre otras medidas neoliberales y violentas.
